Las pocas organizaciones no gubernamentales (ONG) que permanecen activas en Nicaragua se enfrentan a una nueva normativa impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que obliga a las entidades a presentar proyectos en alianza con el gobierno, o de lo contrario, corren el riesgo de cierre y confiscación de sus bienes. La nueva exigencia fue anunciada por Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa del presidente Ortega, a través de medios oficialistas.
Según la nueva normativa, las ONG deben someter sus propuestas de programas y proyectos al Ministerio del Interior (MINT) o a la Cancillería. Estas instituciones decidirán si los proyectos son aprobados, lo que en la práctica somete a las organizaciones a un control directo del régimen.
Murillo señaló que esta medida forma parte de una “reorganización” del funcionamiento de las ONG en el país.
Las organizaciones que quieran mantener su personería jurídica deberán cumplir con este requisito, además de ajustarse a las leyes vigentes en Nicaragua.
El régimen también ha ordenado a la Asamblea Nacional reformar la Ley de Concertación Tributaria para eliminar las exoneraciones del pago del Impuesto sobre la Renta (IR) y otros beneficios fiscales que históricamente han beneficiado a las ONG, incluidas aquellas dedicadas a actividades religiosas, artísticas, científicas, educativas y culturales.
Además, se anunció la modificación de la Ley de Agentes Extranjeros (Ley 1040) y la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro (Ley 1115).
Estas reformas introducen el concepto de “Alianza de Asociación”, que obliga a las ONG a someter sus actividades y financiamiento al escrutinio del gobierno para poder operar en el país.
Las ONG que deseen continuar sus operaciones deberán presentar información detallada sobre los proyectos que desarrollarán, los objetivos específicos, el origen de los fondos, el presupuesto que ejecutarán y el periodo de existencia, entre otros aspectos.
Murillo advirtió que, aunque las ONG cumplan con estos nuevos requisitos, no se les garantiza que puedan operar libremente en el país. El gobierno tendrá la potestad de aceptar o rechazar las propuestas presentadas.
Desde 2018, el régimen Ortega-Murillo ha ilegalizado y confiscado los bienes de más de 3.600 ONG en Nicaragua, acusándolas de no cumplir con las normativas estatales, como no reportar sus estados financieros o no actualizar sus juntas directivas.
La medida ha generado preocupación entre las organizaciones de la sociedad civil, que ven en estas reformas un intento más del régimen por controlar y desarticular cualquier forma de oposición o autonomía en el país.
