La ministra de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, Ana Patricia Orantes, denunció que la empresa encargada de la cuestionada mina Cerro Blanco, en Asunción Mita, Jutiapa, incurrió en varias anomalías al solicitar una actualización de su licencia ambiental y anunció la revocatoria de la concesión aprobada la última semana del gobierno anterior.
La Minera Elevar Resources solicitó una actualización de su licencia ambiental en 2021, la cual fue aprobada el 9 de enero de 2024, sólo 5 días antes que la administración del presidente Alejandro Giammattei terminara.
“De manera pública y a lo interno del ministerio se analizaron con total apego a la ley los dictámenes técnico-ambientales y jurídicos. En este caso el Ministerio de Ambiente informa de que existen anomalías en esta licencia ambiental”, dijo Orantes.
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— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) June 14, 2024
Según la funcionaria hubo irregularidades en el estudio de impacto ambiental, se alteró el orden correlativo del expediente (se le asignó uno que correspondía al trámite de otra empresa), las firmas oficiales son presuntamente falsas, usurparon la identidad del notificados oficial y han “extraviado” documentos relacionados al caso, entre otros.
Además, la intención de volverla una mina de explotación a cielo abierto (actualmente tiene una para explotación subterránea) es un trámite que corresponde a otra licencia y no una ampliación como la firma lo pretendía.
Ese proyecto es “altamente impactante en el medio ambiente”, advirtió la funcionaria.
el incremento de flujos pesados a fuentes de aguas superficiales como consecuencia de la remoción de suelo.
La mina a cielo abierto contaminaría el agua, representaría un riesgo de salud, dañaría el suelo fértil, provocaría pérdida de flora y fauna, entre otros.
La cuestionada mina está ubicada en la zona fronteriza con El Salvador y en repetidas ocasiones se ha denunciado desde este país que la explotación contamina el río Lempa, el principal afluente del país.
“Hemos interpuesto 47 denuncias al Ministerio Público a empresas, municipalidades, a personas individuales, entonces el Ministerio Público tiene una responsabilidad muy fuerte para evitar la impunidad ambiental”, dijo .
