El presidente electo de Panamá, Raúl Mulino, dijo que iniciaría conversaciones con la firma canadiense propietaria de la mina de cobre cerrada tras multitudinarias protestas, siempre y cuando retire el arbitraje con el que pretende obtener del Estado decenas de millones de dólares.
“Para hablar de buena fe, los arbitrajes se tienen que suspender (…) No voy a hablar de mina sin que esos arbitrajes se suspendan de buena fe, ese sería un marco que apreciaría muchísimo si queremos hablar con calma”, supeditó el político que ganó las presidenciales el pasado 5 de mayo con el 34 % de los votos.
“Para poder cerrarla, hay que abrirla para que de los flujos que genera eso pueda organizarse un cierre. ¿Qué se va a hacer?, yo no tengo en este momento una propuesta. Lo único que no será es repetir ese contrato o usarlo de referencia”, explicó.
#Voto2024 | @JoseRaulMulino habla de cuál es el plan para la mina.
"Para poder cerrarla, hay que abrirla"
"Cualquiera sea la solución, no pasa por otro contrato"
"Para poder hablar de buena fe, los arbitrajes se tienen que suspender"
"Le pido a @RicardoLombanaG que no salga… pic.twitter.com/nbaiBHaXjm
— Panamá En Directo (@panamaendirecto) May 9, 2024
“Sí tengo claro el concepto de propiedad que tiene la nación panameña sobre esa concesión, guste o no guste”, agregó el abogado y exministro de Seguridad.
El contrato minero fue declarado inconstitucional el año pasado por la Corte Suprema de Justicia y se ordenó el cierre de la planta, la más grande de Centroamérica, con lo que el país dejó de percibir millones de dólares en impuestos y cesaron a miles de empleados.
El “cierre” del Darién
Mulino dijo que en los próximos días participará en una reunión junto al presidente saliente de Panamá, Laurentino Cortizo, y el de Colombia, Gustavo Petro, para conversar sobre el espinoso tema del Darién, la selva que sirve de puente para millares de migrantes irregulares que buscan llegar a Estados Unidos.
“No es (la reunión) para echar cuentos ni tomar tinticos (café colombiano), es para resolver el problema”, según el político.
Explicó que, apegado a los derechos humanos, establecerían procesos de deportación de los viajeros que se cuelen al país.
“Cuando aquí comencemos a deportar personas, en un plan de deportación, inmediatamente se reduce el interés por colarse en Panamá”, añadió.
“Esa operación la vamos a hacer con todo apego a derechos humanos y seguridad”, insistió.
El año pasado por la temida selva cruzaron más de 500,000 migrantes irregulares, la mayoría provenientes de Venezuela, Colombia y Ecuador.
