Nicaragua, una nación tradicionalmente rica en costumbres y diversidad religiosa, ha sido testigo de una escalada alarmante y sin precedentes en la represión religiosa bajo la administración de la dictadura familiar Ortega-Murillo.
El último informe anual de la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) revela un patrón perturbador de abusos dirigidos principalmente contra la Iglesia Católica Romana y otras organizaciones religiosas.
Desde 2018la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, dictadores de Nicaragua, ha intensificado sus ataques contra instituciones religiosas, con un enfoque particular en la Iglesia Católica, dice el informe.
Las fuerzas gubernamentales y los fanáticos del régimen han acosado e intimidado rutinariamente al clero y a los fieles, mientras que las medidas represivas se han extendido a organizaciones afiliadas a la Iglesia Católica, incluyendo el cierre de organizaciones benéficas y educativas, así como la confiscación de propiedades y el destierro y desnacionalización de cristianos.
El informe de la USCIRF de 2024 detalla incidentes alarmantes que muestran un deterioro continuo de la libertad religiosa en Nicaragua.
En 2023, el régimen Ortega-Murillo, considerada la peor dictadura de América, intensificó sus esfuerzos para silenciar a la oposición religiosa, utilizando cargos espurios como “difusión de noticias falsas” y “conspiración para socavar la integridad nacional” para justificar arrestos arbitrarios, encarcelamientos y expulsiones de clérigos y laicos católicos del país.
Detalla el informe que figuras prominentes como el obispo Rolando Álvarez fueron condenadas a largas penas de prisión en un intento de silenciar las críticas al gobierno.
A Álvarez lo condenaron a 26 años de prisión, lo secuestraron y lo mantuvieron desaparecido por meses, tiempo que estuvo en una celda de seguridad en condiciones inhumanas.
Luego la dictadura realizó una redada de detenciones contra 17 sacerdotes los desterró a Roma junto al obispo Álvarez, hecho que fue considerado por una comisión de expertos de derechos humanos como un crimen de lesa humanidad perpetrado por la familia Ortega-Murillo.
El informe también documenta la expulsión a Estados Unidos de presos políticos, incluidos líderes religiosos como el padre Oscar Benavidez y el seminarista Darvin Leiva, por expresar sus opiniones en contra de las políticas represivas del régimen dictatoria, que asola a Nicaragua desde 2007.
Además de las detenciones y expulsiones, el régimen Ortega-Murillo ha llevado a cabo acciones agresivas contra instituciones religiosas, incluyendo la cancelación del estatus legal de universidades y organizaciones benéficas católicas, confiscando propiedades y desalojando a miembros del clero.
Un caso especialmente perturbador es la confiscación de la Universidad Centroamericana de la orden de jesuitas, a quienes la juez Gloria María Saavedra Corrales, bajo servidumbre de la dictadura, consideró un centro de terrorismo para justificar el despojo de los bienes de la orden de Jesús y la expulsión de sus directivos y miembros académicos y rectores del país.
El informe señala que el acoso a los fieles se ha convertido en una táctica común, con agentes gubernamentales vigilando visiblemente los servicios religiosos y prohibiendo la observancia pública de tradiciones católicas como las procesiones de Semana Santa.
El grado de brutalidad represiva de la dictadura Ortega-Murillo llegó al punto de condenar a ocho años de cárcel al periodista Victor Ticay por transmitir por redes sociales una procesión católica en 2023.
Al comunicador lo secuestraron, desaparecieron por varias semanas y luego lo condenaron a ocho años de cárcel por difusión de noticias falsas y otros delitos inventados
El dictador Ortega y la co-dictadora Murillo también han recurrido a lenguajes de odio para desacreditar a la Iglesia Católica, incluyendo al papa Francisco, calificándola de “mafia” y llamando a los sacerdotes “representantes del diablo”.
También se insta al Congreso de los Estados Unidos a abogar por presos religiosos de conciencia y apoyar legislación que amplíe los fundamentos legales para sancionar a los violadores de la libertad religiosa.
En resumen, el informe de la USCIRF arroja luz sobre una situación alarmante en Nicaragua, donde la libertad religiosa está siendo gravemente violada bajo el gobierno represivo de la familia Ortega-Murillo.
A criterio de la USCIRF es imperativo que la comunidad internacional tome medidas concretas para detener estos abusos y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses.
Ante esta situación, la USCIRF ha emitido una serie de recomendaciones, incluida la reasignación de Nicaragua, entre 17 países represivos, como un “país de especial preocupación” y la imposición de sanciones específicas a agencias y funcionarios del gobierno responsables de violaciones graves de la libertad religiosa.
¿Qué recomienda Estados Unidos?
• Reasignar a Nicaragua como “país de especial preocupación” o CPC, por participar en violaciones sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa, según lo define la Ley de Libertad Religiosa Internacional (IRFA);
• Imponer sanciones específicas a agencias y funcionarios del gobierno nicaragüense responsables de violaciones particularmente graves de la libertad religiosa, congelando los activos de esas personas y/o prohibiendo su entrada a los Estados Unidos bajo condiciones financieras y de visas relacionadas con los derechos humanos. autoridades, citando violaciones específicas de la libertad religiosa;
• Apoyar el trabajo del grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) en Nicaragua para investigar las violaciones de la libertad religiosa en Nicaragua e identificar a quienes las perpetran. autoridades, citando violaciones específicas de la libertad religiosa;
• Apoyar el trabajo del grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) en Nicaragua para investigar las violaciones de la libertad religiosa en Nicaragua e identificar a quienes las perpetran.
• El Congreso de los Estados Unidos debería: Abogar por los presos religiosos de conciencia, incluidos aquellos que figuran en la Lista de Víctimas de la Libertad de Religión o de Creencias de Frank R. Wolf, a través de cartas,
• Apoyar la legislación, como la Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua de 2024, que amplía los fundamentos legales para las sanciones contra los violadores de la libertad religiosa y exige que el gobierno de los Estados Unidos se oponga a las amplias medidas de las instituciones financieras internacionales.
Dictadura de Nicaragua en lista negra
En su Informe Anual de 2024, USCIRF recomienda que 17 países sean designados por el Departamento de Estado de EE. UU. como “países de especial preocupación”, (CPC) en función de que sus gobiernos cometan o toleren violaciones particularmente graves del derecho a la libertad de religión o creencias.
Estas incluyen 12 que el Departamento de Estado designó como CPC en diciembre de 2023: Birmania, China, Cuba, Eritrea, Irán, Nicaragua, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Tayikistán y Turkmenistán, así como cinco recomendaciones adicionales: Afganistán, Azerbaiyán, India, Nigeria y Vietnam.
