Costa Rica sigue sufriendo presiones de la República Popular China por la exclusión de sus empresas de una licitación de la red 5G en el país centroamericano.
“De no rectificar esta política la parte costarricense, no solo perjudicará a sus intereses propios sino que socavará también la confianza de las empresas chinas en este país, teniendo un efectivo negativo en las relaciones entre ambas partes”, dijo Qui Xiaoqi, el representante especial para los asuntos latinoamericanos del Gobierno de China, en una declaración reciente.
Qui llamó a Costa Rica a “rectificar esta política cuanto antes” y aseguró que China estará “defendiendo con firmeza los intereses legítimos de nuestras empresas”.
Costa Rica ha excluido a las empresas chinas por no ser parte de la Convención de Budapest, pero además, funcionarios costarricenses han dicho claramente que las compañías del país asiático realizan espionaje en beneficio de ese gobierno.
La semana anterior, Arnoldo Andre Tinoco, ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, negó que el Gobierno tuviera un problema y prometió que no afectaría su relación con China.
“Hay que diferenciar diferencias comerciales y diferencias entre estados. Como cancillería, este es un asunto comercial, un producto, se maneja a otro nivel, no tiene por qué afectar las relaciones entre estados”, dijo Tinoco.
“Hasta donde yo entiendo no hay ningún planteamiento donde se esté planteando romper relaciones internacionales con ningún país”, sostuvo el canciller costarricense
Xiaoqi espera que se cumpla el acuerdo de libre comercio (TLC) que se firmó entre Costa Rica y China. Este acuerdo se firmó hace más de 20 años para unificar las reglas contra el delito cibernético. Según los expertos, este acuerdo no puede estar por encima del TLC que ambos países firmaron, ya que podría conducir a una demanda multimillonaria.
En octubre pasado, el viceministro de Telecomunicaciones, Hubert Vargas Picado, justificó la exclusión de empresas chinas como proveedoras de redes y soluciones 5G, alegando que China tiene un Estado totalitario y su normativa interna obliga a sus compañías a realizar acciones de espionaje en otras naciones, como apoyo a los servicios de inteligencia del régimen.
