El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Costa Rica está solicitando reformas a la legislación para ampliar las sanciones relacionadas con el porte de armas prohibidas, usadas abiertamente por bandas de sicarios y delincuentes del crimen organizado.
Este llamado surge en un contexto donde Costa Rica registró un récord de 907 homicidios en 2023, con una gran mayoría atribuida a uso de armas de fuego de bandas y carteles de drogas.
La necesidad de estas reformas se hizo evidente tras un incidente el 26 de diciembre, donde dos agentes del OIJ fueron amenazados durante una operación en Linda Vista, La Unión de Cartago.
Actualmente, el artículo 89 de la Ley de Armas y Explosivos sanciona la portación de armas de fuego prohibidas, pero no aborda otros tipos de armas. La ley estipula una pena de prisión de dos a cinco años para quienes posean armas prohibidas o destinadas exclusivamente a cuerpos policiales.
Durante una operación reciente, el OIJ solo pudo incautar un arma hechiza parecida a un fusil AK-47 y un rifle de balines en las residencias de dos sospechosos de apellidos González y Castro, quienes fueron liberados luego de una acción judicial.
El director del OIJ señaló la necesidad de reformar la ley para cerrar vacíos legales que impiden una acción efectiva de las autoridades judiciales. Argumenta que la ley debe ser más inclusiva respecto a las armas que se asemejan a armas de fuego reales.
Pese a la frustración expresada por el Juzgado Penal sobre la liberación de los sospechosos que amenazaron a los agentes con un AK-47, se subraya la necesidad de no actuar basados en emociones o pasiones.
Durante la investigación, se confirmó el uso de una pistola real de 9 mm con un cargador de 30 tiros. Sin embargo, la falta de armas reales en el allanamiento y la ausencia de pruebas directas impidieron dictar una medida cautelar privativa de libertad y los hombres, sospechosos de ser sicarios, ya andan libres de nuevo.
El caso, registrado bajo el expediente 23-001567-0071-PE, está siendo procesado por el Ministerio Público. Las medidas cautelares actuales incluyen la prohibición de portar armas y la obligación de firmar cada 15 días en el despacho judicial, además de la restricción de permanecer fuera del distrito de Linda Vista en Río Azul.
