En un contexto marcado por diferentes crisis sociales y las posiciones polémicas del presidente Rodrigo Chaves ante ellas, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica ha emitido una alerta sobre los desafíos que enfrentará el Estado de Costa Rica en 2024 para salvaguardar los Derechos Humanos.
Este anuncio subraya la creciente preocupación de la Defensoría por las complejas problemáticas en áreas clave como seguridad ciudadana, salud, educación y discriminación.
El mandato de Chaves ha estado rodeado de polémica, especialmente en cuanto a su manejo de temas sensibles como la criminalidad, la migración y la gestión presupuestaria.
Estos temas son cruciales en un país que, aunque históricamente pacífico, ha visto un aumento en los índices de violencia, con un récord de homicidios sin precedentes.
La Defensoría de los Habitantes de la República es un órgano contralor que forma parte del Poder Legislativo. El fin de esta institución es velar porque la actividad del sector público se ajuste al ordenamiento jurídico y la moral, de forma tal que los derechos e intereses de los habitantes siempre estén protegidos.
En el sector de la salud, la Defensoría enfatiza la necesidad de abordar las listas de espera, la infraestructura hospitalaria, y la dotación de recursos humanos especializados.
La organización llama a una reflexión profunda sobre el sistema de copago impulsado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En educación, la institución resalta la importancia de garantizar el financiamiento constitucional, expandir el bilingüismo y la educación técnica, y mejorar la calidad educativa, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La seguridad es otro tema crítico. La Defensoría ha apoyado iniciativas para prevenir delitos y mejorar las condiciones presupuestarias en seguridad e investigación criminal, solicitando además una Política Nacional de Seguridad adecuada.
En temas de violencia y no discriminación, la Defensoría reconoce que se han impulsado medidas contra el racismo, la violencia en el deporte, el acoso callejero y la protección de los derechos de personas con discapacidad y de las mujeres, pero a su criterio no han sido suficientes.
Las advertencias de la institución abarcan la seguridad económica de las personas mayores, la gestión de la crisis migratoria y la necesidad de un Estado más articulado para proteger integralmente a la niñez.
Para 2024, la Defensoría de los Habitantes promete mantenerse vigilante y activa en la defensa de los derechos e intereses de todos los residentes en el país, en un esfuerzo colectivo por enfrentar las vulnerabilidades que afectan a diversos sectores de la población costarricense.
Esta postura se presenta como un desafío crucial en el marco de la administración de Chaves, donde las decisiones gubernamentales y la gestión de recursos serán determinantes para el futuro de los derechos humanos en Costa Rica.
